jueves, 12 de abril de 2018

9.2 Cátedra de la paz.

La lectura y el taller.


EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Las constantes y las rupturas

El Grupo de Memoria Histórica encontró en su informe que a lo largo de seis décadas de conflicto hay problemas que han tenido continuidades y rupturas en determinadas coyunturas. Se trata del problema agrario continuamente aplazado, de las limitaciones y las distorsiones de la democracia, de la manera como se ha construido el Estado, del narcotráfico, y de las influencias y presiones de las políticas internacionales
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El problema agrario

La tierra está en el corazón del conflicto colombiano. No solo porque nunca se hizo una verdadera reforma agraria, y la tierra sigue siendo una promesa incumplida para buena parte de los campesinos, sino porque no se ha podido modernizar la tenencia y el uso de los recursos rurales. Hay un déficit de Estado en el campo y una fuerte presencia y arraigo de los grupos armados.

El problema de la tierra se ha ido acumulando por años. La guerra civil de mitad de siglo XX se dio en medio de las frustraciones que dejó la reforma inconclusa de 1936, propuesta por Alfonso López Pumarejo con su “revolución en marcha”. La violencia bipartidista no hizo más que agudizar el problema del campo. Se calcula que dos millones de hectáreas fueron despojadas durante ese periodo.
A finales de los años sesenta, Carlos Lleras Restrepo se propuso sacar adelante una verdadera reforma agraria que acabara con el gran latifundio improductivo en manos de terratenientes. Quería modernizar el campo, y promovió la creación de una fuerte organización campesina (anuc). Pero en 1972 la reforma se frenó cuando en Chicoral, Tolima, los gremios del sector agropecuario y un grupo de congresistas hicieron un acuerdo que le quitó los dientes a la ley que permitía las expropiaciones. En su incapacidad para romper el latifundio, el Estado ha recurrido sobre todo a promover la colonización en la frontera agraria, y a la adjudicación de baldíos como política pública.

Durante la década de los ochenta, la expansión de la frontera agrícola se hizo cada vez mayor. Miles de colonos llegaron a zonas selváticas y olvidadas empujados por la crisis del café, y por el auge de las agroindustrias, la minería, el petróleo, y la coca. Tal fue el crecimiento de este cultivo de uso ilícito que a principios de los años ochenta había 4.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y a principios de este siglo ya eran 160.000, sobre todo en el sur del país. En estas regiones de reciente colonización el Estado ha sido muy débil, y los grupos armados, guerrillas al principio y después también paramilitares, coparon esos espacios.

Esta situación se agravó con la apertura económica de principios de los noventa, que lanzó a un sector en crisis a competir en el mercado internacional sin apoyo suficiente del Estado. Agroindustrias medianas y campesinos pobres terminaron quebrados. Los primeros se volcaron a la ganadería y los segundos a la coca. Este efecto fue reforzado por la dinámica del conflicto armado que desestimuló la inversión productiva en el campo con los costos crecientes que los secuestros, las extorsiones, los ataques a propiedades y el sabotaje que las guerrillas impusieron sobre la seguridad y la administración.  A esto se sumó el apuntalamiento de un orden económico que, en el caso paramilitar, privilegió el uso improductivo de la tierra con la ganadería o la baja demanda de mano de obra intensiva con la expansión de los monocultivos.

La debilidad institucional en zonas de conflicto favoreció la apropiación masiva de tierras por parte de narcotraficantes, así como el desplazamiento forzado de la población y el consecuente despojo de sus fincas, que hoy suman ocho millones de hectáreas. Esta contrarreforma agraria ha afectado de manera muy particular a las comunidades indígenas y afrodescendientes beneficiadas con titulaciones colectivas que han sido cruciales para su subsistencia como etnias.

El resultado final es que hoy Colombia tiene una distorsión de la tenencia y uso de la tierra. Usa 39 millones de hectáreas en ganadería, cuando lo recomendable sería que no se usaran más de 24; y en contraste, tiene apenas 4 millones dedicadas a la producción agropecuaria, cuando podrían llegar a ser 211. Además, posee uno de los índices de desigualdad más grandes del mundo en cuanto a la distribución de la tierra. A este modelo se suma la reciente expansión de monocultivos industriales y el auge minero.

En ese contexto, el presidente Juan Manuel Santos está implementando la Ley de Víctimas y restitución de Tierras, que busca devolverle los predios a quienes los perdieron durante en el conflicto, legalizar los títulos de propiedad en un país donde la informalidad es muy alta y, en todo caso, también buscar entregarle tierra a miles de desplazados que nunca la tuvieron.

TALLER

1. ¿Por qué se dice que la tierra está en el cetro del conflicto armado en Colombia?

2. Elabore un recuento histórico de los intentos de dar solución al problema agrario en Colombia.

3. ¿De qué manera afectó la apertura económica a los sectores de la agroindustria y a los campesinos pobres del país?

4. ¿Qué papel desempeñó el narcotráfico en el problema agrario en Colombia?

5. Plantee una posible solución al problema agrario en Colombia?




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