ESTAS SON
LAS DEUDAS DEL CONGRESO Y EL GOBIERNO CON LAS VÍCTIMAS
Por Santiago Valenzuela A Publicado Abril 9,
2018
Existen tres
retos urgentes en materia de víctimas: circunscripciones especiales, reforma de
la Ley de 2011 y cumplir con lo acordado en La Habana.
En los últimos siete años, la agenda de las organizaciones de
víctimas en Colombia ha girado en torno a la Ley 1448, también conocida como
Ley de víctimas y restitución de tierras. Sin esta norma sería imposible hablar
sobre reparación para las 8’600.000 víctimas que están registradas ante el
Gobierno. Tampoco sería posible pensar en devolverles las tierras a más de
100.000 familias que fueron despojadas de sus territorios por la violencia.
Hoy, en el Día Nacional de las Víctimas en Colombia, más que
homenajes y actos de reconocimiento, las organizaciones de víctimas le están
pidiendo al Estado que cumpla con sus promesas legales. La ambiciosa Ley de
víctimas, como lo han advertido los entes de control, no se ha implementado de
acuerdo a los cronogramas e incluso corre el riesgo de quedarse sin recursos.
Según cifras del mismo Gobierno, por temas de ajustes fiscales, la inversión
para la población desplazada se ha mantenido en un rango de 10 y 11 billones de
pesos entre 2016 y 2018.
Las inversiones posteriores, si todo sale bien, aumentarían un
billón de pesos cada año, dependiendo del contexto económico del país. Para las
organizaciones de víctimas, la incertidumbre sobre los recursos podría causar
nuevos incumplimientos. Como lo dice la Mesa Nacional de Organizaciones
Afrocolombianas en su último balance, “no existen partidas presupuestales
adecuadas para el fortalecimiento organizativo de las víctimas (…) El plan de
ejecución de la Ley de víctimas cuenta con pocos recursos para la
implementación de medidas de carácter individual y colectivo, pues al ser de
carácter integral conllevan una relación entre derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y étnicos”.
Con el Acuerdo de Paz que firmó el gobierno con las Farc-Ep, se
abrieron otros espacios de reparación para las víctimas. Uno de los puntos
acordados tiene que ver con la participación política. Según el Acuerdo, este
año el congreso tendría 16 curules reservadas para las víctimas provenientes de
las regiones más afectadas por el conflicto armado. Esta idea se quedó en el
papel desde el año pasado cuando, por un voto, el Congreso hundió el proyecto
de ley que creaba las curules para víctimas, también conocidas como
circunscripciones especiales para la paz.
Además de la Ley de Víctimas y de las curules en el Congreso,
las organizaciones de víctimas están esperando que el Gobierno cumpla con el
punto 5 del Acuerdo de Paz con las Farc, el cual trata justamente sobre la
reparación de víctimas. Del cumplimiento de este capítulo depende que funcione
un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a los actores
del conflicto y revelar la verdad sobre cada episodio de guerra que afectó a la
población. Existen otras preguntas que en teoría deberían quedar resueltas con
la implementación del Acuerdo de La Habana: ¿Dónde están las personas
desaparecidas? ¿Quiénes desaparecieron a estas personas? ¿Cómo van a proteger a
las víctimas del conflicto? ¿Cómo van a garantizar que la violencia no se
repetirá? A través de entidades como la Unidad para la Búsqueda de personas
dadas por desaparecidas, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la
JEP – todas creadas con el Acuerdo – avanzaría la reparación integral de las
víctimas.
¿Promesas que
se están quedando en el aire?
Aunque el Gobierno Nacional defiende su gestión señalando que ha
cumplido con la inversión para la reparación integral de las víctimas, la cual
asciende a 54 billones de pesos en 10 años, lo cierto es que existen
obligaciones como el enfoque diferencial a la hora de reparar a las víctimas
que el Estado no ha cumplido en su totalidad. De acuerdo con la Defensoría del
Pueblo, las víctimas “han presentado más de 2.500 propuestas que implican un
ajuste a la Ley 1448”. Para que el Estado cuente con un enfoque diferencial efectivo,
es necesario que reconozca las particularidades de todos los casos. En 2017,
por ejemplo, la Defensoría del Pueblo atendió a 33.821 mujeres víctimas del
conflicto, de las cuales el 68% necesitaba reparación integral enfocada en
desplazamiento.
Según el senador Iván Cepeda, “es esencial una reforma en la Ley
de Víctimas que permita, como primera medida, una reparación integral. La
reforma también es necesaria para articularla al Acuerdo de Paz de La Habana”.
No obstante, la idea de una reforma sigue en el papel y no hay ambiente en el
congreso para sacarla adelante. Para Vladimir Rodríguez, coordinador del
proyecto de víctimas del Centro de Memoria Histórica, “se necesita una reforma
estructural de la Ley, principalmente en el tema fiscal, pues tal como se creó,
la Ley terminaría de implementarse en 2021. Se necesita una prórroga y recursos
para los años posteriores”.
Articular el Acuerdo de
Paz con la Ley de Víctimas también sería útil para avanzar en la restitución de
tierras. Según la Contraloría, por falta de coordinación existen 522 procesos
de reparación colectiva que no se han solucionado. La Unidad de Restitución de
Tierras, además, tiene cerca de 30.000 reclamaciones por la restitución de
predios en 832 municipios. También serviría, dice Mercedes Ruiz, víctima
de desaparición forzada, “para que el Estado reconozca a todas las víctimas por
igual. Pareciera que hoy tiene víctimas de estrato 1, 2 y 3, restándole
importancia a las que tienen personas desaparecidas”.
Por lo pronto, las víctimas esperan que el congreso reviva el
proyecto de circunscripciones especiales antes de junio. Con el Día Nacional de
Víctimas como coyuntura, el presidente del congreso, Efraín Cepeda, presentó el
proyecto de las circunscripciones especiales. Para despejar las dudas del
uribisimo sobre la posibilidad de que esas curules queden en manos del partido
Farc, el proyecto de ley estableció que las únicas personas que podrán
participar en las elecciones para estas curules deben estar inscritas en el
Registro Único Nacional de Víctimas. Si el congreso lo aprueba – y esto implica
que el Centro Democrático avale el proyecto – el presidente convocaría unas
elecciones atípicas este año para que, por primera Copyright:
TALLER
1. ¿cuáles son las deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado en Colombia?
2. ¿Qué piensas de un gobierno que no le está
cumpliendo a las víctimas con lo pactado en el tratado de paz?
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